Para qué sirve una Constitución

Podremos coincidir en que asistimos a una época de creciente desconfianza en la política y sus protagonistas, sólo paliada por apariciones simbólicas como la encarnada por Obama en Estados Unidos, o por irrupciones inesperadas como la de Brown en Gran Bretaña durante los primeros meses de esta crisis que nos invade. Aún así, la sensación generalizada es de distanciamiento de los políticos y gobernantes respecto a lo que se ha denominado “los problemas reales de la gente”, a lo que contribuye el autoestima exagerado de algunos líderes, que se postulan ante sus sociedades como las personas imprescindibles para reconducir un país.

Tal ha sido el caso en los últimos meses de Hugo Chávez que a través de un referéndum constitucional, ha aplicado su poder político para adecuar la Carta Magna al país que gobierna a su interés personal. O antes, de Rafael Correa en Ecuador, si bien con otros matices distintos a los del presidente venezolano. El asunto, por concretar en ambos casos, no debe enfocarse por la conveniencia de establecer sistemas que permitan la reelección indefinida de un dirigente político, sino en el cuándo y cómo se hace esa reforma que, en ninguno de los casos citados, ha sido anunciada con anterioridad a la posesión del cargo. De este modo, se fomenta la desconfianza entre los electores, pues se advierte un abuso de autoridad y un absoluto desprecio por los ciudadanos, a los que se manipula, según el momento, para conseguir su implicación favorable a la causa enunciada.

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Uribe basa la propuesta en su alto índice
de popularidad, cercano al 75%
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El próximo alto dirigente empeñado en seguir los pasos del mandatario de Venezuela y del de Ecuador, es Álvaro Uribe, presidente de Colombia. Aunque las diferencias con los ejemplos anteriores son amplias, especialmente porque Uribe no ha confirmado que se presentara a una tercera reelección, no deber caber tampoco en este caso, consideraciones al hilo de la alta aprobación popular del presidente colombiano o la exposición de la situación excepcional que vive el país, referida al narcotráfico. Lo que se plantea con intenciones reformistas como la mentada, es que un responsable público pueda convertir la ley suprema del país que rige, en carta blanca para la aplicación de sus políticas, en algunos casos, o de sus desmanes, en muchos otros. En consecuencia, creemos que cambios de tamaña envergadura como los referidos a una prolongación del mandato constitucional sólo pueden ser planteados a priori durante la primera campaña electoral del candidato o como resultado de un consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias de un país. Pues sólo así se garantiza el respeto en el futuro a la reforma aprobada y sólo así se da ejemplo a los electores del valor del compromiso político con la ley y la sociedad.